Mientras el mundo discutía, México construía.

Empecemos en 1990, en Washington. Estados Unidos aprueba la primera ley del mundo que prohíbe discriminar por discapacidad en el empleo. Se llama ADA, y se convierte en el modelo que todos van a copiar.

Once años después, en 2001, México hace algo que pocos recuerdan: lleva a la ONU la idea de un tratado mundial sobre los derechos de las personas con discapacidad. El impulsor es Gilberto Rincón Gallardo. En 2003 México prohíbe por ley la discriminación y crea el CONAPRED. En 2005 el Estado empieza a reconocer a las empresas que incluyen, con un distintivo. Y en 2006, la propuesta mexicana se convierte en la Convención de la ONU, un derecho exigible en 190 países. México la ratifica en 2007. Entre 2011 y 2015 llegan la ley general de discapacidad, el CONADIS y la norma que certifica centros de trabajo. En 2015, la ONU fija metas mundiales a 2030 y, por primera vez, la discapacidad entra en ellas.

Hasta aquí, la inclusión laboral en México era un asunto del gobierno. Las empresas eran destinatarias de las leyes, no autoras de nada.

Eso cambia el 2 de marzo de 2016. En el Consejo Mexicano de Negocios, las empresas más grandes del país deciden que la inclusión es asunto suyo. Nace Éntrale. Emilio Azcárraga Jean y Alejandro Ramírez Magaña develan el nombre. Un año después, en el primer aniversario, el Consejo Coordinador Empresarial y sus cámaras se suman, y Éntrale entra a la red mundial de empresas y discapacidad de la OIT.

Entonces pasa algo que explica por qué esta historia importa. En 2018 el Estado deja de convocar su distintivo a la empresa incluyente. Ese mismo año, Éntrale mide por primera vez, con un solo instrumento, cuánto incluyen las empresas de México: nace el índice IILPCD. En 2019 el CONADIS se queda sin titular y sin presupuesto. Ese mismo año, las empresas retoman el reconocimiento con el Distintivo Empresa Comprometida y publican el ABC de la Inclusión, la guía para empezar.

Dos instituciones públicas se apagan; dos herramientas privadas se encienden. A eso le llamamos el relevo.

En 2020 la pandemia vuelve norma para todos lo que las personas con discapacidad pedían hace décadas: trabajo remoto y horarios flexibles. México cuenta por primera vez a sus 6.2 millones de personas con discapacidad con el método internacional y reforma su ley laboral. En 2021 nace Por Mi Talento, el programa de capacitación y becas para que las personas con discapacidad lleguen listas al empleo, y Éntrale es elegida para presidir la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas; en 2023 es reelecta.

Y aquí los dos carriles se separan. Desde 2023, en Estados Unidos cae la acción afirmativa, las empresas recortan sus áreas de diversidad y el gobierno elimina las suyas. Mientras tanto, en México, 2026 es el año de la evidencia: Peso Morado, El Peso de la Inclusión y Las Dos Ausencias ponen en pesos, por primera vez, lo que vale incluir y lo que cuesta excluir. En agosto se lanza inclusionOS, y la inclusión se vuelve un proceso que la empresa ejecuta todos los días.

Diez años después de aquella develación, más de 800 empresas aliadas y más de 67,000 colocaciones documentadas.

Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026. Lo firman los CEOs de las empresas que aquí aparecen, y la lista sigue creciendo.

Lo que viene · De la mano del gobierno

Lo que viene se construye de la mano del gobierno. El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2026 a 2030 fija por primera vez metas federales de inclusión laboral. El sector privado llega a ese programa con diez años de infraestructura construida. Éntrale no se suma a la política pública: la antecede y la hace posible. En 2027, el primer reporte anual. En 2030, el balance de las metas. En 2036, veinte años.

La evidencia 2026

La evidencia que sostiene todo esto es de 2026.